La votación en la Cámara de Representantes fue de 22 por el sí y 3 por el no, mientras que la del Senado fue de 10 contra 4.

 Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron este martes el polémico proyecto de ley de la reforma tributaria.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló: "frente a los retos, destacable trabajo de los coordinadores y ponentes quienes toman hoy decisiones responsables por Colombia".

La votación en la Cámara de Representantes fue de 22 por el sí y 3 por el no, mientras que la del Senado fue de 10 contra 4.

En un par de semanas el proyecto será debatido en las plenarias de ambas cámaras, y lo que se prevé es que antes del 23 de diciembre próximo, una vez decretadas las sesiones extras del Legislativo, se apruebe definitivamente el nuevo paquete de impuestos.

Horas antes, las células congresionales habían aprobado el informe de ponencia mayoritaria de la polémica reforma.

Así se inició este martes en las comisiones económicas conjuntas el primer debate de la reforma tributaria, en cuya primera ponencia si bien se mantiene el aumento de los tres puntos al IVA, se cae el impuesto a las bebidas azucaradas y se retiran las modificaciones frente a las declaraciones de renta.

En la primera parte de la discusión se negaron las ponencias alternas de los senadores Antonio Navarro Wolf, de la Alianza Verde y del cartagenero Fernando Araújo, del Centro Democrático.

Entre los planteamientos del legislador de izquierda se contaban el de no subirle los tres puntos al IVA que propone el Gobierno, aumentar el impuesto a los dividendos en 15% (y no en 10%) -aplicable tanto a personas naturales como a jurídicas-, gravar las remesas con un 5% sobre los giros que se hagan al exterior, crear un impuesto de $150 a las bolsas plásticas y sancionar penalmente el fraude por encima de $250 millones tanto al declarante como a quien elabora la declaración de renta.

Otras de las modificaciones propuestas son: impuesto progresivo a las altas pensiones que sean de más de $10 millones de pesos mensuales, que los clubes dueños de canchas de golf pagaran renta presuntiva de acuerdo al valor patrimonial del terreno donde están esas canchas, que las entidades sin ánimo de lucro que celebren contratos de obras o interventorías con el Estado pagaran impuesto de renta, las iglesias seguirían como declarantes no contribuyentes y su declaración sería pública, no devolver el IVA a exportaciones de oro en lingotes ni a exportaciones de petróleo cuando los precios fueran superiores a US$60 por barril y de carbón cuando fueran superiores a US$80 por toneladas y gravar con el IVA a los langostinos, ya que actualmente están exentos pues se consideran elementos esenciales de la canasta familiar.

Y sobre las bebidas azucaradas, el senador verde explicó que apoya este impuesto pero con una modificación que consiste en cobrarle el 10% del precio de venta cuando la bebida o el polvo sea equivalente a un litro y tenga menos de 25 gramos de azúcar o equivalentes y no el impuesto de $300.

Por su parte, Araújo hizo lo propio con la ponencia alterna de la oposición, al considerar que el proyecto del Gobierno "es inconveniente para la economía que crece a menos del 2%, para el poder adquisitivo de los colombianos, la iniciativa privada y el ahorro".

Propuso por tanto el uribismo "para mejorar el poder adquisitivo de los colombianos, una reducción de la tarifa del impuesto de renta sobre las personas naturales, acompañada de estímulos al ahorro. Y los dividendos solo serán gravados a los ingresos más altos".

Así mismo, planteó una tarifa general del 30% sobre la renta de las empresas "con el objetivo de fomentar la inversión, el crecimiento económico, el empleo, la competitividad, estimular la formalización y mejorar el recaudo de impuestos".

Penalización de la evasión, que el 40% del recaudo por la vía del monotributo se destine para el ahorro del contribuyente a través de los BEPS y mantener las actuales tarifas de IVA y del impuesto al consumo, fueron algunas de las propuestas esbozadas.

Además, indicaron que sería beneficioso "aplazar, hasta 2019, la aplicación tributaria de las normas internacionales de información financiera (NIIF); proteger las actividades meritorias de las fundaciones, la libertad de cultos y el derecho a la educación; respetando los contenidos del artículo 23 del Estatuto Tributario y conservar los incentivos a la inversión en el sector agropecuario".

Finalmente. en la ponencia consideraron la necesidad de mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público del Gobierno Nacional para equilibrar las finanzas públicas y retornar a los contratos de estabilidad jurídica, lo que, según la oposición, recuperaría la confianza inversionista.

Fuente: El Heraldo