• "MinAgricultura es un actor fundamental en la garantía de los derechos básicos de las mujeres rurales, de cara a la superación de factores estructurales de inequidad”, señala la Defensoría del Pueblo.
• "Este Ministerio puede incidir en el cambio de los factores de riesgo que victimizan a las mujeres en el marco del conflicto armado”, ONU mujeres.

Las mujeres rurales son cuatro veces más victimizadas por no estar en el mundo urbano, por su condición de mujeres, por el conflicto armado y, en muchos casos, por la pertenencia a un grupo étnico particular.

Esta es la conclusión de la investigación "El conflicto armado y el riesgo para la mujer rural, estudio de caso de los departamentos de Chocó, Córdoba, Santander y Caquetá”, de la Defensoría del Pueblo.

Para el jefe de la cartera agropecuaria, "cada funcionario público debe encontrar la manera de resarcir la deuda histórica con las mujeres de Colombia, quienes siendo el núcleo fundamental de las familias rurales y del campo colombiano, han sido víctimas del conflicto armado de manera particular, por ser lo que son y por lo que representan”, dijo Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de Agricultura, quien asistió en Córdoba a la presentación de la investigación.

El informe, presentado en el municipio de Canalete, en el marco de la iniciativa ‘El Presidente en las Regiones’, advierte de manera particular la situación de derechos de las sobrevivientes del conflicto armado y las afectaciones en sus roles de liderazgo y procesos organizativos.

El Ministerio destinó mínimo el 30 % de los recursos de todas sus líneas de acción para las mujeres rurales, "atendiendo las recomendaciones de los investigadores, así lograremos aumentar nuestro impacto en esa población, que era de 40 mil mujeres al año cuando yo llegué, muy bajito. Mi meta es lograr atender 500 mil mujeres al año y eso lo podemos lograr”, señaló Iragorri.

El informe reconoce al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y sus entidades adscritas y vinculadas, como agentes fundamentales en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres rurales.

También hace recomendaciones respecto a la aplicación de las Leyes 731 de 2002 y 1314 de 2010, donde resalta que la condición de mujer rural no debe estar relacionada únicamente con el desarrollo de actividades agrícolas, mineras o pesqueras, sino que se debe tener un enfoque de sus derechos como mujeres y familia a la hora de priorizar actividades, programas y proyectos; así como ampliar la participación para esta población con enfoque diferencial: esto es considerar a las mujeres afro, indígenas y en situación de discapacidad.

"Casi el 95 % del territorio es rural. La mitad de la población son mujeres y enfrentan condiciones particulares. Una estrategia integral de desarrollo debe atender esas necesidades”, señaló Diana Espinosa, representante de ONU Mujeres para Colombia.

En el desarrollo de la investigación participaron diferentes grupos de trabajo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y la Defensoría del Pueblo, con sus regionales Chocó, Magdalena Medio, Córdoba y Caquetá, y contó con aportes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras (Anmusic), la Asociación Nacional de usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción (Anuc – UR), la Campaña Permanente Tierra, Vida y Dignidad, la Mesa de Incidencia Política de Mujer Rural y otras asociaciones campesinas.

"Todos los días me levanto pensando cómo no quedarle mal a la mujer rural de Colombia. No dejaré que pierdan esta gran oportunidad histórica. A este Ministerio le importan las mujeres”, concluyó el Ministro.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR