Empresarios y gremios de la producción agropecuaria nacional anunciaron este martes, durante un evento organizado por Fedepalma, la conformación de una coalición para impulsar la iniciativa "El agro empresarial y la agroindustria son el camino".

El grupo está conformado por la Sociedad de Agricultores de Colombia, Fedepalma, el gremio bananero Augura, Fedearroz, la Federación Nacional de Cafeteros, Fenavi, Asocolflores, Asocaña, el gremio de porcicultores Pork Colombia, Fedecacao, Conalgodón y Asohofrucol, entre otros.

La coalición, según el documento, se conformó con la convicción de que la agroindustria facilita la adopción de tecnología, contribuye al "uso sostenible de los recursos naturales y de la conservación de la biodiversidad” y ayuda a mejorar la gobernanza territorial, entre otros aspectos.

La estrategia se construyó a partir de talleres regionales en Villavicencio, Pereira, Bucaramanga, Montería y Bogotá, "con el fin de obtener insumos temáticos sobre el agro empresarial y la agroindustria, y en los que participaron de manera decidida empresarios, gremios, así como entidades públicas y otras privadas”, según la declaración final de la alianza que se difundió este martes.

El modelo agroindustrial, sostienen, "requiere de una institucionalidad articulada para el desarrollo rural, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se enmarquen políticas públicas de largo plazo que establezcan reglas de juego claras y garanticen la provisión de bienes y servicios públicos en los territorios”.

Asimismo, se convocó a la construcción de "una apuesta estructural para el desarrollo rural en Colombia, que reconoce los beneficios del modelo agro empresarial y agroindustrial”, de la mano del Centro de Liderazgo y Gestión, y los aliados Consejo Privado de Competitividad, Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, CECODES, y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

En cuanto a política pública, el sector agroindustrial durante los últimos años ha sido uno de los defensores de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, zidres, creadas en la Ley 1776 de 2016 y en las cuales se podría inyectar capital privado para desarrollar áreas del país pobres, despobladas y con tierras costosas de adecuar.

Sin embargo, es una política muy criticada por ONG, partidos como el Polo Democrático y organizaciones de pequeños productores, principalmente porque las zidres se nutrirían de los baldíos de la Nación. La creación de esas zonas debe sortear una demanda por inconstitucionalidad, la cual, después de un empate en la Corte, deberá ser resuelta por un conjuez.

 Fuente: El Espectador